El aumento de tarifas en los servicios públicos y en particular en el agua es un tema que siempre genera polémica. Asimismo,  en muchos casos, la población no está informada de por qué se requiere aumentar periódicamente las tarifas de un “servicio público” al que se supone todos tenemos derecho. Más aún, una idea bastante generalizada es que, al ser el agua de propiedad de todos los peruanos, no existe razón para incrementar las tarifas (e incluso, algunos dirían que no se debería pagar por el líquido elemento). No obstante, existe un conjunto de argumentos económicos que justifican la necesidad de pagar por el servicio de agua que se recibe.

En primer lugar, es necesario analizar algunos números en relación con la provisión de este servicio. El 92.1% de la población no pobre de Lima Metropolitana tiene acceso a agua potable de la red pública (es decir, en su vivienda), mientras que sólo el 50.3% de la población pobre extrema tiene acceso a dicho servicio. Es decir, los que más recursos económicos tienen son también los que más acceso tienen al agua en buenas condiciones. Por el contrario, el 32.5% de los pobres extremos de Lima compra agua al camión cisterna, mientras que sólo un 3.6% de los no pobres utiliza este mecanismo (ver gráfico Nº1).

Gráfico Nº 1: Procedencia de abastecimiento de agua, por condición de pobreza, para Lima Metropolitana al 2010

Fuente: (INEI – ENAHO, 2010).

Estas diferencias en la forma de acceso también tienen un impacto en el costo que pagan los limeños por el agua. Así, un metro cúbico de agua para un usuario conectado a la red pública cuesta S/. 0.94 (SUNASS, 2011), mientras que comprar agua al camión cisterna equivale a S/.12.18 por metro cúbico, es decir, los que menos tienen pagan 12 veces más por la misma cantidad de agua. Más aún, esta valorización no incluye el valor económico del tiempo necesario para recoger el agua y los mayores riesgos de contaminación que implica la manipulación del agua para el consumo, dada la necesidad de almacenamiento cuando se compra el agua al camión cisterna. Si se considera que más de 880 mil personas en Lima Metropolitana no tiene conexión de agua, y más de 279 mil de ellos son considerados pobres, la distribución del acceso a este vital recurso es, por decir lo menos, poco equitativa.

La tarifa de agua que cobra SEDAPAL a los usuarios conectados no alcanza para cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio, ni mucho menos para realizar inversiones para ampliar la oferta del servicio.

Por otro lado, la tarifa de agua que cobra SEDAPAL a los usuarios conectados no alcanza para cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio, ni mucho menos para realizar inversiones para ampliar la oferta del servicio, con lo cual se afecta la eficiencia económica y la sostenibilidad financiera de la empresa proveedora, con el consiguiente riesgo de provisión del servicio para la población en el futuro (Ortiz & Bendezú, 2006).

Ahora bien, el precio de un bien o servicio (en este caso, el servicio de agua potable) provee de información sobre las condiciones de escasez del mismo y se determina por las condiciones de oferta y demanda. Es decir, el precio de mercado se establece cuando es posible encontrar compradores que están dispuestos a pagar una determinada cantidad por un bien o servicio (demandantes), y a la vez, existen personas o empresas que están dispuestos a vender dicho bien o servicio a ese precio (ofertantes).

En el caso del servicio de agua potable, las condiciones de oferta son definidas por la tecnología disponible; los costos de los insumos, como por ejemplo los químicos utilizados para potabilizar el agua; la depreciación de la infraestructura (el valor del desgaste de las tuberías y cañerías para su posterior reposición); el costo de la mano de obra calificada para proveer el servicio, entre otros. Por el otro lado, la demanda está determinada por el precio de los bienes sustitutos; por el nivel de ingreso de la población; por los gustos y preferencias (que en el caso del agua, se refiere a los hábitos de consumo), por el tamaño de la población, entre otros.

De esta forma, si se requiere incrementar la infraestructura para brindar el servicio, como por ejemplo, el tendido de tuberías para proveer el servicio a las zonas más alejadas de la capital, ello implicará mayores costos, que se traducirán en mayores precios. Si la población incrementa la demanda por agua por cambio en sus hábitos, ya sea porque tiene más artefactos electrodomésticos (como lavadoras, que se pueden adquirir más fácilmente dado que también han mejorado los ingresos de la población) o también porque la mayor temperatura implica un mayor consumo, todo ello se puede traducir en mayores precios.

Un elemento muy importante que debería estar incluido en el precio del agua, pero que no lo está aún, es el costo del recurso natural.

Por otro lado, un elemento muy importante que debería estar incluido en el precio del agua, pero que no lo está aún, es el costo del recurso natural (Rogers, de Silva, & Bhatia, 2002). Es decir, en el precio del agua potable, sólo se puede cobrar el costo de inversión, operación y mantenimiento del servicio (Perú, 2009) y no el recurso hídrico en sí mismo. Es decir, no se han generado los recursos económicos necesarios para conservar el recurso hídrico, lo cual puede ocasionar problemas de provisión de agua en el futuro para Lima. Ello debido a que en un contexto de cambio climático, en el cual se espera que dentro de 50 años o más (CONAM – SENAMHI, 2005a; Vargas, 2009), el reducido número de glaciares implique menor disponibilidad de agua para la población en las zonas costeras desérticas del país, incluyendo a la región Lima que alberga a un tercio de la población del país.

Es decir, en Lima existen condiciones de oferta y demanda que explican el mayor costo y, por ende, el mayor precio del servicio de agua: desde la necesidad de mayor infraestructura para proveer del servicio a la población pobre y también aquella que permita la adaptación al cambio climático para mantener la provisión del servicio, así como el mayor consumo generado por una variación en los hábitos de consumo. Será tarea de todos, los ofertantes (a través de una operación eficaz) y los consumidores (a través de hábitos de consumo apropiados), lograr una tarifa de mercado eficiente.