En las primeras secuencias de la película “Vivir” del reconocido director japonés Akira Kurosawa, podemos ver cómo el protagonista acude a una entidad pública con la finalidad de iniciar un “trámite” y cómo este es derivado –desinformado, mejor- por cada uno de los órganos a los que acude al interior de la misma entidad. Si bien se trata de una película del año 1952, la imagen que refleja de la Administración Pública como “enemigo” o simplemente como “obstáculo” en el camino del desarrollo de los intereses de los ciudadanos, no ha cambiado un ápice.

No deja de ser paradójico que la idea de Administración Pública generada en la conciencia ciudadana sea exactamente contraria a la que se estudia en las Facultades de Derecho o en los libros de Derecho Administrativo, según los cuales, la Administración Pública existe con la finalidad de servir al interés público, para armonizar este interés con los intereses particulares o para contribuir al desarrollo de los intereses de los ciudadanos, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra la realización de sus libertades económicas.

Es necesario continuar con la búsqueda de herramientas que permitan construir una verdadera administración al servicio del ciudadano.

Sin embargo, lejos de desistir en la lucha de transformar el rostro de la Administración Pública y el de cada una de sus miles de entidades, es necesario continuar con la búsqueda de herramientas que permitan construir una verdadera Administración al servicio del ciudadano. La consecución de un objetivo como este requiere necesariamente del análisis y la reforma de muchas instituciones que, por lo demás, van más allá del Derecho.

La tarea es grande pero se puede empezar por lo pequeño. En esa medida, quizás uno de las claves más importantes pueda ser mejorar la relación más directa o cercana que se genera entre Administración y ciudadano. De esta manera, resultaría de mucha ayuda potenciar la utilidad de ciertos instrumentos –y por supuesto, crear otros- que contribuyan a dar nuevos aires a esta relación.

Y, claro, el ejemplo más frecuente de esta relación cercana, ocurre cuando el ciudadano cruza la puerta de una entidad –piénsese en una municipalidad, un ministerio, una superintendencia, un organismo regulador, un gobierno regional, etc.- y, detenido por un momento en su camino, se pregunta: ¿A quién me debo dirigir? ¿Cuál de las oficinas será la más adecuada para mi trámite? ¿Será en esta entidad donde debo hacer este trámite?

Asumiendo que la conversación entre el funcionario –representante de la Administración- y el ciudadano se lleva a cabo en términos más o menos satisfactorios, es posible que luego de esta entrevista surjan nuevas dudas en el ciudadano: ¿Y qué pasa si no cumplo con el requisito B que me han referido? ¿Es necesario esperar el pronunciamiento de la entidad para dar inicio a la actividad para la cual estoy solicitando una autorización? ¿Cuánto tiempo tengo para presentar esta información? Es posible que por error o incluso desconocimiento un funcionario se equivoque en brindar la información requerida al ciudadano y que este no lo sepa hasta luego de que su trámite se desarrolle de modo errado y haya perdido quizás bastante más que tiempo.

Es en estos casos en los que el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA puede significar una gran ayuda para servir al administrado en su interés de relacionarse con la Administración Pública. En ese sentido, el TUPA se configura como un documento informativo, publicado por cada entidad, en el que se deben encontrar todos los procedimientos administrativos que pueden ser tramitados ante una entidad pública, incluyendo su naturaleza (procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa), los requisitos necesarios para su realización, los costos, la aplicación del silencio negativo o positivo de ser el caso, el órgano al que se debe acudir dentro de la entidad, etc.

En definitiva, se trata de un documento informativo que todas las entidades se encuentran legalmente obligadas a publicar y que busca facilitar la comunicación entre la Administración y los ciudadanos.

En definitiva, se trata de un documento informativo que todas las entidades se encuentran legalmente obligadas a publicar, y que busca facilitar la comunicación entre la Administración y los ciudadanos.

En un país como el nuestro, con más de mil ochocientas municipalidades en toda su extensión y otros cientos de entidades públicas, no solo resulta necesario que existan estos documentos sino que, además, resulten legibles y amigables para los ciudadanos. Aquí, donde el analfabetismo y las falencias de la educación formal son todavía problemas sin solución, es importante que estos documentos se presenten fáciles de leer.

Si bien la existencia de un documento informativo como el TUPA resulta fundamental para contribuir esta relación cercana entre ciudadano y Administración Pública a la que nos referimos, lo cierto es que todavía es posible potenciar el uso de esta herramienta, primero, difundiendo su uso y, luego, tratando de mejorar constantemente su presentación de modo que resulte legible para cualquier ciudadano. Por lo demás, el ahorro de costos que puede significar un TUPA legible, que sea verdaderamente utilizado por los ciudadanos, es evidente si pensamos en las horas-hombre que son utilizadas para brindar información que ya consta en otros soportes.

No se trata de que un TUPA sea pintado de colores pero quizás no sea necesario darle la apariencia de un texto ininteligible, de letras pequeñísimas y de una formalidad en su lenguaje que remite a la de las normas legales cuando aquel no tiene tal naturaleza. Si el objetivo de un TUPA es acercar al administrado y permitirle conocer la información de todo aquello para lo que le puede servir determinada entidad ¿Por qué esta información también tiene que ser presentada al administrado en lenguaje difícil? Tal vez sea posible importar un poco de creatividad de otras profesiones y otorgarle un sentido más amable a este documento.

Basta con que sepa usted que toda entidad pública debe contar con este documento, que usted puede exigir que le sea mostrado y poder revisarlo.

Es claramente relevante para la interacción administrado-Administración que un documento como este pueda resultar realmente útil y que su elaboración no se convierta en el mero cumplimiento de un deber legal.

Por lo pronto, estimado lector, basta con que sepa usted que toda entidad pública debe contar con este documento, que usted puede exigir que le sea mostrado y poder revisarlo. En ese sentido, válgase usted de la información que en él existe para guiarse de mejor manera y entender, de una vez, todo lo que requieren los trámites que usted quiere iniciar, cuál será el camino que estos seguirán e incluso cuál es el posible resultado que podrá usted obtener. Es también, por supuesto, trabajo de los ciudadanos crear una Administración a nuestro servicio.